Un auto demoledor

1.- Un auto demoledor de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha puesto en ridículo a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma e, incluso, a los técnicos del Cabildo Insular de Tenerife. El auto, conocido el día 8 de junio, se origina tras una petición de ejecución de sentencia instada por la sociedad Tropicana, S.A., ante la negativa del Gobierno de Canarias a conceder la licencia comercial a Leroy Merlin, multinacional de la ferretería y la construcción, en una parcela que ya contaba con licencia municipal de construcción y que ya tenía a sus espaldas una sentencia favorable para su instalación en el nuevo parque. La sociedad promotora y socia de Leroy Merlin, Tropicana, S.A., poseía una sentencia firme que le permitía abrir un centro comercial con el doble de metros que los que va a ocupar Leroy Merlin, pero el Gobierno de Canarias se empeñaba en negar una y otra vez la licencia comercial, tirándole la pelota al Cabildo día sí, día no. El tribunal tiene duros calificativos para la actuación de la Administración autonómica y da la razón a quienes promovieron el incidente de ejecución de una sentencia de 2012 que amparaba dicha instalación. El presidente de Tropicana, S.A. es Ambrosio Jiménez Quintana y la parcela de referencia está situada en el término municipal de Adeje.

2.- Este nuevo parque comercial, cuya construcción y desarrollo permitirá crear más de 1.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, comenzará su andadura inmediatamente. La Sala ha dado un mes al Gobierno para conceder licencia comercial a Leroy Merlin. Los calificativos de los magistrados a la actuación del Gobierno son durísimos. También imponen las costas del procedimiento a la Administración canaria. El tribunal indica que el escrito de oposición a la licencia, por parte del Gobierno, “no dice nada, aunque no lo parezca” y la sala considera “paradójico” que se conceda una licencia con el mismo motivo que se rechaza otra. Y concluye poniendo de relieve “el contradictorio modo de proceder de la Administración autonómica, que ha de reputarse enderezado a eludir el cumplimiento de nuestra sentencia, lo que determina la nulidad de pleno derecho de la Orden de la Consejería de Economía, en que tal enigmático parecer quedó plasmado, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 103 de la ley 29/1998 de la jurisdicción Contencioso- Administrativa”.

3.- Ya hemos repetido en estos días que está en marcha una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en torno a otra posible irregularidad por parte del Gobierno –ajena al caso que nos ocupa aunque referido a otro centro comercial, también en Adeje–. Al parecer, el Gobierno de Canarias ha construido o pretende construir los accesos a dicho centro a costa del erario público, cuando corresponde a los promotores de dicho centro, según nuestras informaciones un sirio y un ruso, costear los mencionados accesos. Al parecer, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encargado un informe a una unidad especial de la  Guardia Civil y está recabando información de todos los extremos referidos a este centro comercial, ya en funcionamiento. Parece que hay empresarios que tienen bula y a otros se les perjudica de una manera flagrante. Además, estos casos dan idea de la maraña normativa absurda existente en Canarias en materia urbanística y de la que se quejan casi todos los empresarios, menos a los que les toca la lotería del Niño. Tanto Leroy Merlin como Tropicana no descartan otras acciones que reparen el daño causado, ya sea por la vía civil o penal. Se sabe que un famoso abogado de Santa Cruz prepara una querella contra los responsables de la reiterada no concesión de la licencia comercial a los promotores. El repetido auto de la Sala puede ser recurrido, pero ha de ser cumplido antes. En el término máximo de un mes, Leroy Merlín debe tener en su poder la licencia comercial y podrá empezar la obra en un nuevo parque comercial en Adeje, que promete ser de primerísima calidad. El auto de ejecución de sentencia es todo un canto a la libertad de mercado, de respeto a la normativa europea y da fe del estupor que les produce a los magistrados de la Sala la actitud del Gobierno de Canarias, sobre todo.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com