Cláusulas abusivas en los contratos de suministros

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria, de fecha 30 de junio de 2017, ha declarado nula la cláusula  que disponía que la baja en el suministro de luz o gas no implicaba la desactivación de un servicio accesorio de reparación “servicio de protección eléctrica hogar”, obligando a los clientes a darse de baja expresamente del mismo.

En su sentencia, el juez considera que esta práctica abusiva perjudica a los consumidores, que tienen que comunicar por separado y expresamente la baja de un servicio que se conceptúa como “complementario” (como por ejemplo el de “protección de pagos”) y vinculado al suministro de electricidad y/o gas.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico recoge en los derechos y obligaciones de los consumidores, en relación con el suministro, que las condiciones generales serán equitativas y transparentes, y deberán adecuarse a lo establecido en la normativa vigente en materia de contratos con los consumidores. Se explicarán en un lenguaje claro y comprensible y no incluirán obstáculos no contractuales al ejercicio de los derechos de los clientes. Asimismo, contempla que deberán ser avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato sin coste alguno cuando reciban el aviso. Asimismo, ser notificados de forma directa por su suministrador sobre cualquier revisión de los precios derivada de las condiciones previstas en el contrato en el momento en que ésta se produzca, y no más tarde de un período de facturación después de que haya entrado en vigor dicha revisión, de forma transparente y comprensible.

Las eléctricas y otros suministradores de servicios esenciales deben ser muy claros en sus contratos.

Además, las compañías suministradoras deberán disponer de un servicio de asistencia telefónica gratuito facilitado por el distribuidor al que estén conectadas sus instalaciones, en funcionamiento las veinticuatro horas del día, al que puedan dirigirse ante posibles incidencias de seguridad en las instalaciones. Dicho número deberá figurar claramente identificado en las facturas y en todo caso será facilitado por el comercializador o, en su caso, por el distribuidor al consumidor. Como recoge la sentencia, tratándose de contratación seriada o contratos masa destinados a consumidores y usuarios, debe partirse de la especial tutela que deben dar todos los poderes públicos a los derechos e intereses económicos y sociales del colectivo y parte débil de la contratación. Primero, porque así lo prescribe la Constitución,  y, desde luego, porque en las sociedades modernas se es consciente del radical cambio de modelo en la contratación en masa respecto del clásico principio de libertad contractual y de pactos que pasma nuestro decimonónico Código Civil.

En esta nueva realidad, que se manifiesta en sectores como la telefonía, la energía, contratos de financiación, transporte…, una de las partes, el ciudadano consumidor o usuario, ve reducida su autonomía de la voluntad a la “limitada libertad de contratar”, es decir, a decidir si acepta contratar con un empresario-predisponente, o lo hace con otro empresario-predisponente, en bienes o servicios de primera necesidad de los que no puede prescindir. Desde luego que no hablamos ya, en este ámbito al menos, de capacidad de “negociación”, al menos respecto de cláusulas que vienen predispuestas y no sujetas a negociación. Así se reconoce por la Jurisprudencia nacional y comunitaria.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es reiterativo a la hora de recordar que la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, que se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, impone a los estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que se cese en el uso de cláusulas abusivas y para esa función preventiva.

La sentencia obliga a  suprimir esta cláusula de sus contratos, “a tenerla por no puesta en los ya suscritos” y a no usarla en el futuro. Para ello se le concede un plazo de 20 días, tras el cual se multará con 1.000 euros diarios a la compañía en caso de incumplimiento.

En definitiva limitar u obstaculizar derechos del consumidor, causando en contra de las exigencias de la buena fe, un importante desequilibrio de derechos y obligaciones de las partes resulta abusivo.

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Es una publicación de El Diario de Tenerife.com