La frustrada vocación política del magistrado Landete

En un comunicado a los medios de comunicación, el magistrado Landete denuncia que “las llamadas a la desobediencia del derribo del mamotreto son una irresponsabilidad inadmisible”. Nadie ha osado desobedecer las resoluciones judiciales recaídas en el caso Mamotreto. Antes al contrario, para preservar el respeto y cumplimiento de las mismas, algunos hemos pedido a los responsables políticos municipales y autonómicos que planteen un conflicto de competencias por los cauces de la Ley Orgánica 2/1987, al Juzgado de lo  Penal nº 5, que ha invadido competencias   en materia de urbanismo y, concretamente, de disciplina urbanística, del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la Consejería de Medio Ambiente, en la ejecución de la sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial.

El magistrado Landete es de los jueces que tienen un sesgo ideológico claro, a favor de ciertas posiciones, que le lleva a criticar cuando no a enfrentarse a los poderes políticos, a los que no tiene reparo en dirigirles censuras sirviéndose de su condición, cometiendo la falta grave del artículo 418 de la LOPJ. Es de los jueces criptomilitantes que hacen política amparados en la toga, inmunes a la crítica, que los partidos políticos eligen en el CJPJ para cargos judiciales “cambiando cromos”, en detrimento de los criterios de mérito y capacidad.

En un artículo en “El País”, el magistrado que fuera presidente de la  Sala II y V del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo, afirmaba, que todos los órganos del poder judicial, como los de los otros poderes del Estado, están sometidos a la crítica de la opinión pública, que no tiene forzosamente que retroceder ante el uso de expresiones que puedan resultar molestas e incluso hirientes para los jueces criticados, siempre que no tengan un significado objetivamente calumnioso o injurioso”. La crítica a las resoluciones judiciales, que sólo supone un control difuso del poder judicial, es imprescindible para evitar errores judiciales e injusticias irreparables y  mantener la confianza del pueblo en una Justicia sustraída al control público (STC. 96/1987; 13/1985; 38/1982; 62/1982).

El magistrado Landete es de los jueces que el profesor Alejandro Nieto califica de justicieros, de soberbia desmedida, que se  consideran intocables, y enemigo de cuantos no están de acuerdo con él. Coincido con Alfonso Guerra cuando, en referencia a estos jueces,  ha sentenciado recientemente  que “el gran creador del Estado moderno (Montesquieu) decía que  el juez es una boca muda que pronuncia las palabras de la ley, y solo habla por las sentencias, y aquí tenemos jueces que hablan en los periódicos y en las televisiones casi todos los días”.
Las declaraciones del magistrado Landete me obligan a enjuiciar públicamente sus opiniones, que más que un derecho, es una obligación imperiosa y necesaria para la conservación y salud del sistema democrático(Azaña, julio de 1938). El Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) reconoce la libertad de expresión de jueces y fiscales como ciudadanos, siempre que “garanticen un equilibrio entre la libertad de opinión y de expresión y la exigencia de neutralidad”, de tal manera que según la Carta Europea sobre el  Estatuto de los Jueces, éstos deben “abstenerse de manifestaciones que pudieran alterar la confianza en su imparcialidad o independencia , al estar impregnadas de subjetivismo que vulnera la imparcialidad objetiva” (Josep Aguiló, Nº151, Escuela Judicial, CGPJ).
Ya he destacado con orgullo, que la inmensa mayoría de jueces y fiscales son justos no sólo al aplicar la ley sino en hacer justicia, de acuerdo con la ley, e incluso a pesar de ella, aunque nunca contra ella, con una vocación a la que no regatean esfuerzos y toda clase de sacrificios laborales y personales, y, sobre todo, imbuidos por la más sublime ética profesional. Sin embargo, una minoría de jueces, como el magistrado Landete, no tienen conciencia de sus limitaciones y de la modestia de su función, ni de que debajo de su toga son hombres de  carne y hueso que no siempre son modelos sociales y que resultan vulnerables a algunas presiones (A.Nieto), sobre todo a las mediáticas. Estos jueces carecen de  credibilidad para pedir respeto a su imparcialidad e independencia frente a las críticas necesarias de sus resoluciones, cuando se permiten criticar públicamente al Gobierno de la nación y al Gobierno de Canarias.
Si  los jueces y fiscales quieren, como todos queremos de verdad, que se respete su independencia e imparcialidad, que con frecuencia y no siempre con razón blasonan, en lugar de solaparse como miembros de una Asociación en patéticos comunicados de prensa que imposibilitan la contradicción, propicien y participen, como miembros de su Asociación, en debates públicos relativos a cuestiones judiciales que se han resuelto definitivamente, como recomienda el párrafo 34 de los informes del CCJE, y el Código de Conducta Judicial USA, que subraya el deber de los jueces  de participar en los debates públicos de la sociedad sobre las cuestiones judiciales. Como ha sostenido el juez Antonin Scalia en sus argumentos sobre la sentencia del Tribunal Supremo USA de 27 de junio de 2002: “la imparcialidad de los jueces exige considerar el punto de vista opuesto  y mantenerse abierto a  la persuasión cuando se plantee una cuestión de principio en un procedimiento específico”. En lugar de solaparse en comunicados sin posibilidad de contradicción, el magistrado Landete, prestaría un gran servicio a la Justicia, que dimana del pueblo español (art.117.1 C.E.), si aceptara tener un debate público conmigo o con los operadores  jurídicos que estime conveniente, con asistencia de los justiciables y medios de comunicación que lo deseen,  sobre las actuaciones judiciales en el llamado caso Mamotreto.

Eligio Hernández es abogado y magistrado jubilado.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com