El peligroso gobierno de los jueces

Después de más de cuarenta años de docencia universitaria y ejercicio profesional de la abogacía, mi fe en los tribunales es muy limitada, dado el alto grado de politización a que están sujetos. No es la primera vez que afirmo tal cosa. En tal sentido y, discrepancias jurídicas al margen, aplaudo y comparto en su totalidad el artículo titulado “La frustrada vocación política del magistrado Landete” que, en este mismo diario digital, publica mi buen amigo y compañero de siempre Eligio Hernández. Se trata de un alegato valiente, realista y necesario. Y lo comparto y aplaudo no solo por su indudable consistencia argumental, que resulta irrefutable, sino porque conozco desde hace muchos años, y por distintas causas, al personaje. Se trata de alguien simpatizante, a mi juicio, de una corriente judicial surgida en Italia en los años 70 y conocida como “uso alternativo del derecho.” La radiografía que hace Eligio del magistrado Landete coincide plenamente con el personal concepto que tengo del mismo. Sería bueno para la Justicia que muchos jueces repasaran estas líneas de su antiguo compañero.

Es malo y peligroso que los jueces comiencen a gobernar en España. Este fenómeno se extiende ya por varios países americanos y lo vemos, sin ir más lejos, en la propia Francia. Tampoco puede abandonarnos el recuerdo aterrador  de lo ocurrido en Italia con la judicatura. En estos momentos España tiene que alejarse, por ejemplo, del desquiciado Maduro y sus formas dictatoriales en Venezuela, pero lamentablemente da la impresión de aproximarse en la tentación de control del poder judicial.

Malo, muy malo también para la seguridad jurídica de los ciudadanos, el gobierno de los jueces. En esta línea hay que situar el último escándalo del fútbol en la llamada “Operación Soule” y el Auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. No voy, por razones obvias y de espacio, a entrar en consideraciones acerca de las presuntas responsabilidades penales del presidente de la RFEF, Angel María Villar, asentadas según el juez sobre un entramado que ha permitido la desviación de fondos a sociedades vinculadas al mismo. Respetemos desde ahora mismo la presunción de inocencia y no la fracturemos más.

Sí voy a entrar en la medida cautelar personal y sin fianza consistente en la privación de libertad de Juan Padrón Morales, acordada por el expresado juez. Es una medida injusta y claramente desproporcionada que no tiene sentido, a la luz de las sentencias del Tribunal Constitucional. El Auto del juez hace referencia a “comisiones” a cambio de garantizar a un amigo el contrato de suministro de determinado material deportivo, nada que denote una especial gravedad en la pena prevista. La medida de prisión provisional solo cabe adoptarla cuando sea objetivamente necesaria y cuando no existan “otras medidas menos gravosas” para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismo fines. La pena privativa de libertad ha de concebirse tanto en su adopción como en su mantenimiento como un instrumento de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que constitucionalmente la justifican y delimitan. (TC. 128/2002). Rigen aquí también el principio in dubio pro libertate, en cuya virtud la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prisión provisional debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen.

Juan Padrón ha trabajado gran parte de su vida unido al derecho y a la ley. Ha realizado una inmensa labor en nuestra tierra a favor del fútbol base y en la realización de infraestructuras deportivas. El deporte tinerfeño tiene con él una deuda inmensa. Está en posesión de la Medalla de Oro de Canarias y, no hace muchos meses, asistí en el Cabildo a su distinción como Hijo Ilustre de Tenerife. Y así las cosas, hemos de preguntarnos ¿Por qué se acuerda la prisión provisional y sin fianza de Juan Padrón cuando no concurren en el mismo ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordarla, tales como riesgo de fuga, peligro de colusión, riesgo de reiteración delictiva, etcétera…? ¿Existe acaso algún interés gubernativo, o de otro tipo, para que el señor Padrón no permaneciese en libertad y, en tal supuesto, presidiese la Asamblea de la Federación que le correspondería por antigüedad y cargo? ¿Estamos ante un acto reflejo de la politización de la justicia o acaso de la judicialización de la política? ¿Es que no existía en derecho otra medida más proporcional, adecuada y justa que aplicarle a este hombre que no fuese la prisión incondicional?

Con todo esto aparece en el acto la pena del telediario que se ha hecho una triste rutina en la vida española. En España, la envidia, el rencor, la frustración suelen desembocar en la triste práctica de hacer leña del árbol caído, de fracturar la presunción de inocencia, de golpear con saña al delincuente o al presunto delincuente. Asistimos hace algún tiempo a la muerte de Rita Barberá que no resistió finalmente la presión sobre ella ejercida. Lo mismo ha ocurrido con Miguel Blesa.

Nunca he tenido simpatía alguna por este hombre a quien probablemente le esperaba un largo horizonte carcelario. Muchos antes de ser condenado por la justicia, Blesa había sido juzgado y sentenciado por los programas de televisión y periodistas dedicados al linchamiento implacable de cualquier investigado, sobre todo si estaba relacionado con el PP. Concepción Arenal fue una gran penalista y activista penitenciaria. Fundó en su época la llamada “Escuela Correccionalista Española”. En la puerta de las prisiones se leía su mensaje mas universal: “Aborrezco el delito y compadezco al delincuente”. Yo deseo que Miguel Blesa descanse en paz y que su muerte provoque una reflexión colectiva sobre el alcance del linchamiento que sufren determinados personajes convertidos en blanco de ciertos medios de comunicación, siempre los mismos, tan sectarios como faltos de escrúpulos.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com