El rey

El discurso del rey no contiene nada nuevo, son las mismas palabras de los últimos años pronunciadas con mayor energía. Repite lo que ha venido demandando en las recientes ocasiones en que se ha dirigido a los españoles, especialmente a los que se incluyen en los partidos políticos que nos representan: unidad, por encima de todo, para la defensa de los intereses generales del país. El rey no es un árbitro de la política, respeta las distintas ideologías, pero siempre ha sugerido el acuerdo y la protección de la integridad del territorio nacional y de la Constitución. La novedad está en que en esta ocasión no se limita a recomendarlo, sino que lo exige con toda la contundencia de la que es capaz.

Jamás he escuchado una crítica a las palabras del jefe del Estado por parte de los partidos constitucionalistas. Todos las han alabado y las han considerado ponderadas, constructivas, sensatas y necesarias, pero nunca les han hecho caso. Durante el nefasto 2016, año de desencuentros y desacuerdos, no se ha cansado de repetir lo mismo y sus recomendaciones han sido como la lluvia en el desierto. Es más, me atrevería a decir que esa situación de desgobierno desconcertante ha sido uno de los motivos para que el independentismo encontrara su oportunidad y se decidiera a no desaprovecharla. Si esto es así, y me imagino que La Zarzuela no lo ignora, el discurso ha sido dirigido a los de siempre, con la diferencia de que en esta ocasión no nos advierte de un horizonte relativamente cercano, sino que denuncia que nos encontramos al borde del precipicio, o, lo que es peor, desbocándonos hacia el abismo.

El rey Felipe VI../Casa Real.

Hay quien dice que el rey no ha hablado para todos los españoles, porque ha excluido a los catalanes que se quieren independizar. Solamente habla de la promesa de no abandonar a los que no están de acuerdo con éstos. La única referencia que ha hecho es denunciar que sus dirigentes políticos han infringido la ley de una manera inadmisible, para después exigir a las fuerzas gubernamentales que apliquen las medidas oportunas para reparar el daño producido. La función estricta que le atribuye el texto constitucional no le permite entrar en cómo hacerlo, aunque declara con firmeza la necesidad de emprender un camino único y eficaz para la resolución de un problema al que califica de gravísimo. Ya hemos visto quiénes son los que se han desmarcado de esta admonición, aludiendo a la falta de legitimidad de su autoridad por no haber sido electo. Olvidan que el reconocimiento de la Monarquía parlamentaria que constituye el modelo de nuestro gobierno fue sometido a referéndum y aprobado por una mayoría abrumadora de españoles. Se trata de aquellos que no reconocen, ni por generación ni por ideología, al que llaman régimen del 78. No tiene interés aquí hacer comentario alguno sobre esa circunstancia, sólo conseguiría distraernos del auténtico problema. También hay quien echa de menos que no hubiera condenado la violencia de las fuerzas represoras del Estado sobre lo pacíficos secesionistas que estaban quebrantando la legalidad vigente. Visto desde la otra parte ejercían su derecho al voto en un ejercicio puramente democrático. El rey ha considerado que lo importante es señalar a los responsables de haberlos llevado a este disparate, no a condenar a los que están obligados a hacer cumplir la ley.

Estas reacciones no logran disminuir la gran mayoría favorable que apoya sin fisuras la integridad del discurso. Dicen algunos, y no les falta razón, que el rey no ha puesto límites a las actuaciones que deben llevarse a cabo, siempre que se ejecuten al amparo de las leyes. Todo se complica porque esta falta de limitación abre un abanico de interpretaciones y nos retrotrae al desacuerdo que hemos venido sufriendo durante 2016 y que tan bien han aprovechado los secesionistas de todo cuño. El problema está en las matizaciones. Inmediatamente se ha empezado a hablar de equidistancias, de diálogos, de condenas y de responsabilidades, con lo cual se demuestra, una vez más, que la semilla esparcida desde La Zarzuela acabará cayendo en terreno baldío. A menos que el mensaje vaya dirigido exclusivamente al Gobierno, con lo que no queda otra solución que utilizar la mayoría del Senado para la aplicación inmediata del artículo 155, que llevaría de facto a suspender las funciones de la autonomía, poner en marcha los mecanismos judiciales oportunos y convocar elecciones en Cataluña y en España. Todo esto, aunque haya quien no lo crea, por Cataluña y por España. Después se podrá hablar de reformas constitucionales, de negociaciones, de diálogos, de equiparaciones, de reparos y de todo lo demás. Por ahora, lo más urgente es ponerse el paracaídas cuando estamos en caída libre. Si alguien se la quiere jugar, que se la juegue en solitario. Allá él.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com