¿Cuántas cosas más tienen que hacer los sediciosos catalanes?

La opinión pública española, en su inmensa mayoría, está estupefacta ante el pasotismo y las torpezas del Gobierno de la nación. En Cataluña se está viviendo un auténtico proceso revolucionario y los secesionistas, los golpistas, ganan terreno día a día y se han adueñado de las calles de Barcelona. Rajoy sigue con la estúpida máxima de que “no hay que hacer nada porque el tiempo lo arregla todo”. Mientras tanto los españoles, que engalanan sus balcones con banderas colgadas trasladando a su Gobierno un mensaje masivo de aliento moral en diversas ciudades, conscientes de hallarse ante un momento decisivo de la Historia, ven con indignación y desesperanza cómo ese inmenso capital político quedaba malversado por falta de energía, de coraje, de determinación, de audacia. Qué tristeza. Qué pensaran hoy esos ciudadanos de todo el país. ¿Tenemos que aguantar tanta infamia?.

Lo ocurrido en Cataluña el pasado domingo, ya de triste recuerdo, y a pesar de ser una gigantesca farsa, está tipificado en el artículo 544 del Código Penal como un delito de sedición castigado con hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad: “Son reos de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales”. De la comisión de este delito no hay duda alguna. En consecuencia, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras, el pobre Arturo Mas, el traidor José Luis Trapero ( autor de este delito en la modalidad de “comisión por omisión”) y la ladina Carmen Forcadell, hay que detenerlos y ponerlos a disposición judicial, como se hizo con los golpistas del 23-F. Ya deberían estar disfrutando de las instalaciones del Estado desde hace cuatro semanas cuando Puigdemont impulsó dos leyes golpistas para destrozar España (y Cataluña). Los jueces decidirán si han cometido delitos de sedición o rebelión. Estos dos delitos tienen importantes afinidades estructurales pero, cuando coincidan, debe estimarse solo la rebelión, por ser ley especial y más grave.

En estos momentos es el Gobierno quien tiene que actuar sin más dilación, empleando todos los instrumentos democráticos a su disposición con el único objetivo de parar el golpe antes de que sea demasiado tarde. Un golpe de Estado o es vencido, o vence. Los Mossos deben someterse al mando y control del Gobierno del Estado, o disolverse. El presidente del Gobierno debería haber anunciado ya que, previa consulta con los líderes constitucionalistas, pondrá en marcha de forma inmediata el artículo 155 de la Carta Magna. A este artículo han apelado en su momento Felipe González, Alfonso Guerra muy recientemente y José María Aznar.

De izquierda a derecha, Felipe González, Aznar y Alfonso Guerra

El rey abrió el martes el camino a esta polémica decisión, absolutamente necesaria ahora mismo para salvaguardar la unidad de España y la Constitución. Don Felipe ha cumplido su función constitucional en un momento muy delicado ante la gravedad de la situación pre revolucionaria provocada en Cataluña por las máximas autoridades autonómicas. Su discurso ha sido impecable. Ha dado oxígeno y esperanza a la sociedad española. No hay otra alternativa realmente eficaz que no sea el 155. Cuenta para ello el PP con una mayoría absoluta en el Senado, así como con la expresa petición de Ciudadanos. Resulta lamentable, una vez más, el abandono moral que en estos cruciales momentos vuelve a protagonizar Pedro Sánchez, quien debería escuchar al socialismo sensato, y adoptar otra actitud en lugar de reprobar en el Congreso a la vicepresidenta y proponer que se dialogue con un delincuente.  No tiene sentido alguno que ahora el PSOE se mantenga de perfil consciente de lo mucho que está en juego, y temeroso del coste que le suponga apoyar a Mariano Rajoy . Entre otras razones porque buena parte de su electorado no le perdonaría nunca la ruptura de España.

Así las cosas, y mientras nada se mueve en el Gobierno de España, Puigdemont se prepara para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña el próximo lunes día 9, y ello a pesar de haberse anulado la convocatoria del parlamento catalán por el Tribunal Constitucional. Una declaración que sería suicida desde cualquier punto de vista. Las entidades bancarias más relevantes comienzan a abandonar Cataluña. El turismo se resiente y muchos empresarios meditan su traslado. Durante muchos años la propaganda de la televisión catalana, y el adoctrinamiento escolar permitido por los Gobiernos del Estado, han atraído y fidelizado a miles de catalanes que han dado rienda suelta a sus sentimientos. Lo hemos visto el pasado domingo y ocurre ahora mismo. Sin embargo todos ellos comienzan a asomarse a un precipicio que no intuían, a un abismo que no veían. Es el vértigo de la realidad lo que puede sacarlos de su ensoñación y dar marcha atrás rectificando a toda prisa.

La posible declaración unilateral de independencia es o significa la consumación del delito de rebelión, previsto y penado en el artículo 472 del Código Penal. Es un delito de consumación anticipada, por lo que se consuma con el mero alzamiento, no siendo necesario que los rebeldes consigan sus fines, pues si los consiguen ya no serán rebeldes sino poder fáctico, aunque viciado en su origen. Su principal característica es que constituye un atentado a las bases del propio sistema constitucional. La rebelión supone, al mismo tiempo, un atentado a la paz pública y con ello al orden público. Dice el expresado artículo que “son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente para 1º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución……”. Las penas oscilan entre los quince y veinticinco años de prisión.

La mediación implorada por Puidemont el pasado día cuatro es posible, pero con otros interlocutores. Ya he dicho que los actuales deben ser detenidos y puestos a disposición judicial. Una mediación internacional, a semejanza de ETA hace años, no es pertinente y debe ser rechazada. Estamos ante un problema creado por un sector de Cataluña con el resto de España y, en consecuencia, debe ser resuelto dentro de la nación.

El rey se ha jugado su prestigio para defender al Estado apurando al límite el margen que le concede el ordenamiento. El pasotismo y las indecisiones del Gobierno tienen que acabar ya.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com