No son presos políticos sino políticos presos

La contundente decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional de enviar a prisión incondicional, sin fianza, al destituido vicepresidente del Gobierno Autónomo de Cataluña, Oriol Junqueras, y a siete ex-consejeros del Gabinete presidido por Carlos Puigdemont –que sigue en Bruselas y que no compareció ante la Justicia– va a traer graves consecuencias de agitación social en Barcelona y otra ciudades de aquella región pirenaica española, porque los independentistas argumentarán ahora que los detenidos y privados de libertad son presos de índole política, cuando eso es una tergiversación maquiavélica de una realidad muy distinta.

Los ahora encarcelados nos son presos políticos, por mucho que insistan los sediciosos. Son, llana y sencillamente políticos presos por la Justicia por la presunta comisión de graves delitos tipificados como la supuesta sedición, rebeldía y malversación de fondos públicos.

La jueza Lamela ha actuado con buen criterio decretando prisión sin fianza para Oriol Junqueras y seis de los siete antiguos consejeros que declararon en la Audiencia Nacional, en Madrid, mientras decidía fijar una fianza para Santiago Vila, que dimitió horas antes de la burda e irregular declaración institucional de la república catalana.

Un Estado de Derecho basa su estabilidad en tres poderes independientes entre sí, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, a través del Senado, aprobó la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución Española, el Gobierno lo puso en práctica, mientras que el Judicial, por un camino diferente, ha de juzgar la presunta comisión de delitos por parte de los ahora encausados.

Esto es simplemente así, y no son presos políticos, porque aquí no está en tela de juicio las ideologías de nadie, ni se ejerce ni se ha ejercido represión alguna de carácter ideológico, como ocurre en las dictaduras. Todo lo que se ha aplicado hasta ahora son instrumentos constitucionales de defensa del propio Estado democrático, como ocurre en otros países avanzados de nuestro entorno.

Así que no vengan ahora con milongas y extrañas y premeditadas excusas los lideres independentistas, que ya han organizado manifestaciones y jornadas de protesta ciudadana en Cataluña para alterar aún más el ambiente en aquella comunidad autónoma.

Todos sospechamos que no van a quedarse cruzados de brazos y que intentarán alterar el orden y la convivencia ciudadana, pero el Estado tiene suficientes recursos para atajar los posibles desmanes. Esperemos que no se produzcan altercados en las calles de Barcelona en los próximos días y que la población demuestre el civismo que se le presupone. Veremos qué pasa ahora.

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Es una publicación de El Diario de Tenerife.com