¿Qué pasaría si se repitiera la mayoría independentista en Cataluña?

Antes de contestar a la pregunta con la que titulo estas líneas resulta conveniente considerar que, en estos momentos,  estamos ante la hora de la Justicia. La Justicia ha comenzado su trabajo, que tardará en concluir, ya que ahora se trata de la adopción o no de medidas cautelares.  Si hay algo incuestionable en esta encrucijada que está viviendo Cataluña es, sin duda alguna, que la Justicia se acabará imponiendo. Me refiero a la Justicia española que, con sus indudables carencias, es un ejemplo en Europa. No ocurre lo mismo con la Justicia belga, mucho menos fiable por su laxitud hacia los acusados, sobre todo hacia los nacionalistas. La euroorden de detención está poniendo a prueba la credibilidad de Bélgica como un miembro fiable de la UE que asume de verdad el acervo y las reglas comunitarias que le atañen. Una credibilidad que Bélgica está arriesgando con Puigdemont. Hemos visto cómo se ha permitido a Puigdemont y compañía ser interrogados en neerlandés, que no hablan, pero les aseguraba un juez flamenco. Un supuesto de evidente fraude de ley. Y, claro, el juez los deja en libertad con la condición de no salir del país. Algo que nunca harán, pues fuera les esperan jueces de verdad.

La democracia es un sistema de equilibrio de poderes en el que el judicial señala los límites del ejecutivo y el legislativo. España, por más que se empeñen en denigrarlo, es plenamente un Estado de Derecho donde todo el mundo, también los políticos, han de afrontar la responsabilidad de sus actos. Durante los dos últimos años los sediciosos catalanes han sido advertidos en reiteradas ocasiones acerca de la ilegalidad de sus actos. Nada puede sorprenderles su encarcelamiento ya que conocían la gravedad de sus presuntos delitos.

A la izquierda, el magistrado LLarena, del TS; a la derecha, Carmen Forcadell.

No es, en cambio, misión de la Justicia ponderar si sus decisiones tienen o no efectos políticos. Si hay algo en que son artistas los nacionalistas es en la explotación sistemática del victimismo. Probablemente, el encarcelamiento de los máximos dirigentes del “procés” beneficie en las urnas a sus partidos –siempre que la sociedad catalana no demuestre que está cansada ya de aventuras– pero esta clase de consideraciones no pueden condicionar nunca las resoluciones judiciales. Millones de españoles repartidos por nuestra geografía en provincias, ciudades y pueblos –expectantes y preocupados ante la crisis catalana–, no entenderían jamás este agravio y ventaja desigual para cualquiera que desempeñe cargos representativos. La Justicia no puede entender de buenos o malos momentos para la política y, menos aún, actuar condicionada por tales circunstancias.

Cosa distinta es que el Tribunal Supremo, si asume la competencia total del “procés”, pueda acordar, por vía de recurso o a través de nuevas declaraciones, la excarcelación de los golpistas en esta fase del proceso y hasta que se celebre el juicio. Un juicio en el que, con absoluta seguridad, todos los sediciosos serán condenados a penas de prisión.

Vemos así, cuando escribo estas líneas, que la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, una recalcitrante ideóloga y activista del independentismo, evita ir a la cárcel depositando una fianza de 150.000 euros y renegando ahora de la independencia que tantos años ha abanderado. Es la misma presidenta que hace muy pocos días dijo que no darían “ni un paso atrás” la que se desentendía de todo delante de un magistrado y un fiscal. Sólo por eso merece dormir a la sombra. ¡Qué vergüenza, quedar marcada como traidora para el separatismo al que trazó el camino! ¡Qué estarán pensando los que aún cuentan las horas entre rejas! A ver si ahora, los jubilosos prosélitos que agitaban esteladas en las calles, admiten y aceptan que a la hora de la verdad a los héroes de la revolución les tiemblan las piernas y hacen apostasía de su designio o huyen como locos a Bruselas. Traidores a España y traidores a los suyos.

El caso es que, mientras Forcadell, fingiendo su retractación, manifestaba ante el juez que la declaración de independencia era una insignificancia sin valor jurídico, pura retórica, Puigdemont desde Bruselas, demostrando vivir en una realidad virtual, hablaba como presidente de la República Catalana. Mayor contradicción imposible entre las dos primeras autoridades catalanas hasta hace muy poco tiempo.

Puigdemont se permite retar e intentar acorralar al Gobierno de España con la pregunta de si Rajoy va a respetar el resultado de las elecciones. Se equivoca con total rotundidad. El 21-D no será un plebiscito, ni Puigdemont podrá usarlo para legitimar su referéndum ilegal. Se trata de unas elecciones autonómicas que se llevarán a cabo conforme a la legislación vigente y dentro de la normalidad constitucional. Todos debemos respetar su resultado.

La pregunta que se hace ahora la opinión pública es inquietante: ¿Qué pasaría si, tras las elecciones del 21 de diciembre, se repitiera en Cataluña la mayoría independentista en número de escaños? Obviamente no pasaría nada porque, como siempre, habrá que respetar la Ley. Las democracias han establecido para cuestiones importantes y de gravedad mayorías cualificadas. Los secesionistas catalanes, si no quieren, otra vez, situarse fuera de la ley , deben someterse, para lograr sus propósitos, al artículo 168 de la Constitución y proponer una reforma de la Carta Magna que, anulando parte del articulado, añada en el título VIII una enmienda que establezca: “Cualquier comunidad autónoma podrá plantear su independencia a través de un referéndum regional mayoritario”. ¿Y si no lo hicieran así, saltándose de nuevo la Carta Magna y el artículo 168 de la misma? Pues, sencillamente, volvería otra vez a aplicarse el artículo 155.

¿Qué dice el artículo 168 de la Constitución? Pues se establece en el mismo un mecanismo tan complejo y costoso políticamente que se puede decir que no funcionará jamás. Así, una propuesta secesionista necesitaría ser aprobada por 234 diputados, es decir, los dos tercios del Congreso. Si así fuera, pasaría entonces al Senado y, para su aprobación, deberá ser votada también por los dos tercios de los senadores. Superados estos escollos, se tendrían que convocar de forma inmediata elecciones generales. Los nuevos Congreso y Senado resultantes de los comicios deberían aprobar otra vez, por los dos tercios de cada cámara, la propuesta secesionista. Finalmente, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Estas cautelas no deben sorprender a nadie. Es muy grave fracturar una comunidad autónoma del conjunto territorial de la nación española. España es una nación con 500 años de historia unida. La mayoría de las constituciones europeas ni tan siquiera permiten debate alguno sobre la independencia de sus territorios.

Pienso que hay que aprovechar este momento –el momento es vital en política– para limpiar a fondo las estructuras dañinas levantadas por los separatistas en apoyo de su causa, y después ganarles en las urnas. Pero, al menos, ahora están desenmascarados. Todo el mundo sabe lo que son y cómo actúan.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com