Negativa a someterse a la prueba de alcoholemia

Una reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo determina que es delito del artículo 383 del Código Penal  la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de alcoholemia, tras ser requerido para ello por el agente de la autoridad después de haber dado positivo en el primer test –incluso aunque voluntariamente se sometiera a la primera– Resulta  delito contra la seguridad vial en la modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas por negativa a someterse a las pruebas de aire espirado.

En el caso, el acusado conducía bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que le mermaban su capacidad para manejar los mecanismos de dirección, control y frenado del turismo. Ello fue observado por una dotación de la Guardia Urbana que lo detuvo tras ser rebasados por la derecha por el vehículo del acusado, circulando sin mantener la línea recta e invadiendo otro carril. Presentaba como síntomas: olor a alcohol, ojos brillantes y enrojecidos, rostro sudoroso, comportamiento arrogante, bastante agresivo, deambulación vacilante y respuestas embrolladas.

La normativa administrativa sobre comprobación de las tasas de alcoholemia remite a la legislación administrativa vigente en la materia, que es la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación y su reglamento, que vienen a establecer que: “El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta ley”. Y a continuación: “Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente. No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados. A) El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente. B) A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado” .

Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas: A) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación. B) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. C) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento. D) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad”.

Se tutela básicamente el principio de autoridad, reforzando con esa protección penal la efectividad de los requerimientos legítimos de los agentes de la autoridad para efectuar esas pruebas. Desde un punto de vista institucional por el efecto general de prevención positiva: conseguir el acatamiento de tales pruebas repercute en conjunto en una mayor seguridad en el tráfico viario. En concreto, también habrá ocasiones en que la realización de la prueba será el medio de conseguir atajar un peligro próximo para la seguridad vial. Pero el contenido sustancial de esta infracción no está principalmente en la tutela del tráfico viario, sino en el principio de autoridad. Eso explica que también nazca la infracción cuando el bien jurídico “seguridad vial” está ausente: negativa por contumacia, o por simple enfado generado por la contrariedad de ser requerido para ello por parte de quien se encuentra en óptimas condiciones para conducir por no haber ingerido ni una sola gota de alcohol.

Lo que viene a confirmar la sentencia es que se trata de una única prueba cuya fiabilidad plena requiere dos mediciones con un lapso temporal y subsiste la obligatoriedad de someterse a la citada prueba, correlativa al deber del agente de efectuarla. La segunda medición no es sólo garantía de los derechos del conductor, sino también del sistema, por lo que es obligatoria y no potestativa del afectado.

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Es una publicación de El Diario de Tenerife.com