El delito de revelación de secretos y el circo de Puigdemont

Alguien dijo: “El peor enemigo de un loco es la realidad”. Y precisamente la realidad es la que se ha impuesto en Cataluña, muy por encima del delirio de Puigdemont y de la retorcida y nefasta tiniebla que representa la peor España. Carles Puigdemont es un hombre vencido. Ha fracasado. El golpista ha claudicado y es consciente de su derrota, tal y como acaba de reconocer. Todavía huye de la Justicia, por falta de honor y valentía para responder de sus actos, pero al menos se ha rendido a la evidencia. Pretendió poner de rodillas al Estado de Derecho y el Estado de Derecho le ha doblado el pulso sin recurrir a más instrumentos que la ley y la voluntad de cumplirla. Por cierto, ¡ya era hora! Y lo digo no sin cierta rabia contenida porque, si a cada desafío secesionista se hubiese  respondido con la misma contundencia, si los sucesivos gobiernos y tribunales se hubiesen atrevido a pararles los pies, en lugar de mirar hacia otro lado cada vez que despreciaban las sentencias en materia lingüística o la ley de estabilidad presupuestaria, por citar solo dos ejemplos, no habríamos llegado a este punto.

Estoy convencido de que Cataluña volará a largo plazo si no se acomete lo que nadie se atreve a hacer y que demandan la mayoría de los españoles: el reforzamiento del Estado y cambiar la educación. Es así de simple y claro. Y ahí, lamentablemente Rajoy no quiere “líos”. Sánchez ni sirve, ni se lo cree al tener una idea equivocada de España. Ignoro si Albert Rivera ha alcanzado el grado de madurez necesario para llevarlo a cabo. Ojalá sea cierto.

La última charlotada circense del soberanismo catalán es la que hace referencia a la posible comisión de un delito en la difusión de los recientes mensajes telefónicos de Puigdemont. Qué barbaridad. La cuestión es que hace unos días, en el programa televisivo de Ana Rosa Quintana en Telecinco, saltaba la noticia de la captación, en un acto público celebrado en Lovaina, por parte de un cámara de televisión de dicha cadena, de la pantalla del móvil del exconsejero de la Generalitat, Toni Comín, justo en el momento que por este se recibían varios mensajes del expresidente Puigdemont. En dichos mensajes, este último se quejaba amargamente de que el procés estaba dando sus últimos coletazos y reconocía su derrota, personal y política.

Tras el impacto producido por la singular noticia, que una vez más ponía de relieve las diferencias entre lo que dicen y lo que piensan los representantes del independentismo oficial, el citado Comín y su abogado se han apresurado a señalar que se iban a querellar contra Telecinco por la comisión de un presunto delito contra la intimidad ya que, según ellos, la captación y difusión de dichos mensajes sería delito tanto en España como en Bélgica. Otra patraña jurídica de estos fabuladores que resulta absolutamente falsa.

Puigdemont y Toni Comín. Buena madera pa trompos./El Periódico de Cataluña.

En el Código Penal español, bajo la rúbrica “Del descubrimiento y revelación de secretos”, se tipifican varios delitos que tienen como nota común el que en ellos se protege la voluntad de una persona de que no sean conocidos determinados hechos que solo son conocidos por ella o por un circulo reducido de personas, es decir, que pueden ser calificados de secretos, y también el derecho de la persona a controlar cualquier información o hecho que afecte a su vida privada y, por tanto, a su intimidad. El descubrimiento o la revelación de esos secretos y de hechos relativos a la intimidad constituyen el núcleo de estos tipos delictivos. No podemos obviar, sin embargo, que el derecho a la intimidad se configura como uno de los derechos más sutiles y más difíciles de delimitar y proteger por el Derecho Penal.

En el inciso primero del art. 197 se castiga con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses al que “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales”. El “apoderamiento” es tan fundamental, que si se pueden conocer los secretos documentales de otro sin llegar a apoderarse de sus documentos o efectos, no existe este delito. Lo anterior significa que difícilmente puede incluirse en este apartado la simple lectura de mensajes electrónicos o SMS.

Vemos así como en el presente supuesto del felón huido no se cumplen las condiciones exigidas por el tipo penal. ¿Cómo puede hablarse de “apoderamiento” cuando el cámara de televisión se habría limitado a captar una imagen en un acto público, al que habría sido convocado tanto dicho cámara como otros muchos? En este delito se requiere igualmente que el interviniente en la comunicación, cuyos secretos se captan, desconozca que puede estar siendo escuchado o grabado, mientras que en el presente supuesto el señor Comín se había situado voluntariamente al alcance de esa y otras cámaras. Semejantes requisitos penales operan igualmente en el Código Penal belga y la mayoría de los países de la Unión Europea. A mayor abundamiento, no podemos olvidar que nuestros tribunales, Constitucional y Supremo, vienen reiteradamente señalando que en el conflicto entre el derecho a la intimidad y el honor, por un lado, y la libertad de información, por otro, deberá entenderse ésta como causa justificativa del sacrificio de los primeros siempre y cuando se cumplan los requisitos de veracidad y trascendencia de la información facilitada, lo que, en el presente supuesto, no admite discusión.

Así las cosas, el horizonte vital de Puigdemont se ha estrechado irremisiblemente. Solo le queda la prisión o la clandestinidad. Nadie le agradecerá nunca que se haya quemado a lo bonzo proclamando una “república” inexistente, irreal, ilegal e inviable. Tiene casi todas las papeletas para resultar condenado por sedición, prevaricación, malversación y posiblemente también rebelión. Lo anterior significa la inhabilitación de aquí a dos meses y después, celebrado el correspondiente juicio, una larga estancia entre rejas.

Es posible que a pesar del triunfo y la contundencia del Estado de Derecho, los nuevos dirigentes y diputados catalanes continúen adelante con el “proceso”, o pongan en marcha uno nuevo, pero ya saben que si burlan y pisotean otra vez la ley, solo le esperan los durísimos e inamovibles barrotes de la prisión. El que la hace, la paga.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com