Accidente de trabajo y docencia

Un porcentaje alto de profesores asegura que ha identificado y ha convivido con algún tipo de violencia en su centro escolar. Las situaciones más habituales que describen son peleas, insultos, vejaciones, vandalismo y destrozo de material escolar, violencia psicológica, episodios con un componente racista, amenazas por parte del alumnado y de sus familias, falta de respeto y de reconocimiento de la autoridad, así como enfrentamientos a través de WhatsApp.

Una reciente sentencia, de enero pasado, del Juzgado de lo Social número Uno de Palencia,  ha reconocido como accidente de trabajo la baja laboral de una profesora de Educación Secundaria ocasionada a raíz del hostigamiento psicológico ejercido hacia ella por varios alumnos de un instituto situado en Valladolid. La sentencia en sí es especialmente relevante, ya que, si bien no es firme, supone un precedente para que trabajadoras y trabajadores dedicados a la docencia u a otras profesiones con riesgo por agresiones (profesionales sanitarios o personal de seguridad, etc.) vean reconocidos en un futuro daños similares como accidentes de trabajo.

Los hechos se remontan al primer trimestre del curso escolar 2016/2017,  donde la profesora emite numerosos partes de incidencia sobre varios de sus alumnos. Uno de ellos es expulsado reiteradamente, llegando a ser condenado por el Juzgado de Menores como autor de un delito leve de amenazas hacia la docente. Concretamente, en los partes de incidencias sobre este alumno,  la profesora manifiesta que interrumpe constantemente sus clases, sale de ellas sin permiso, le falta al respeto de forma continuada e incluso le llega a decir que ya ha logrado en otro centro que una profesora se marchara y,  que la siguiente sería ella.

Solicitada la baja laboral por la misma con un diagnóstico de ansiedad, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, alteración del sueño y miedo a regresar al puesto de trabajo, la Inspección Médica le informa sobre la posibilidad de acceder al protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo, siendo derivada a la mutua por  “imposibilidad psicológica de afrontar tareas docentes” y que se  atienda a la trabajadora por accidente de trabajo al ejercer tareas de docencia. El INSS declara de carácter común el proceso de incapacidad temporal de la trabajadora, al entender que no se aprecia una conclusión concluyente entre el diagnóstico del estado de ansiedad y el desempeño de su actividad laboral.

La profesión de docente es cada vez más difícil.

La trabajadora, en desacuerdo con la decisión del INSS, interpone demanda judicial en defensa de sus derechos. Y el Juzgado de lo Social número 1 de Palencia considera las pruebas documentales presentadas por la demandante (parte médico aportado, partes de incidencias y la denuncia ante la Fiscalía de Menores), así como los testimonios de sus compañeros de trabajo apuntando la conflictividad en sus actividades de docencia. La sentencia estima probado que sí existe relación causal entre el daño sufrido (ansiedad) y el trabajo realizado por la profesora, considerándolo accidente de origen laboral y condenando a las partes demandadas (en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a la mutua y al INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social a satisfacer las prestaciones derivadas de la contingencia profesional. No obstante la sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso.

Debemos tener en cuenta que La recomendación 194 de la Organización Internacional del Trabajo afirma que han de considerarse enfermedades profesionales aquellos trastornos mentales o del comportamiento respecto de los cuales se haya establecido un vínculo directo con la exposición de factores de riesgo resultantes de las actividades laborales. En la normativa nacional, nos encontramos con que el artículo 116 de nuestra Ley General de la Seguridad Social define la enfermedad profesional como aquella que es “contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen” en un Cuadro oficial y que “proceda por la acción de elementos o sustancias” que también se indiquen en el mismo. Y es la misma ley que recoge las patologías que tengan causa laboral y no estén recogidas en el Cuadro de Enfermedades Profesionales puedan ser calificadas como accidente de trabajo, siempre que, en este caso, los factores laborales constituyan causa exclusiva.

 Es la sociedad la que debe rechazar este tipo de agresiones. Y las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos, pero las consecuencias se extienden hacia todo el alumnado con el que el profesor agredido tiene que relacionarse.

munguia@munguiaabogados.com

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com