La suficiencia de la violencia

Extraigo de la resolución del Tribunal de Schleiwig-Holstein que: “Los actos violentos producidos el día de la votación no fueron suficientes −como, por otra parte, muestra el curso de la historia− para presionar al Gobierno de tal modo que este se viera forzado a claudicar ante las exigencias de los violentos”. Esta argumentación para definir la suficiencia de la violencia, en función de si con ella se logran los efectos pretendidos, supone que el perdedor de un combate está exento de cualquier responsabilidad, aunque le haya metido el dedo en el ojo a su oponente en el transcurso del combate, solamente por causa de no haber conseguido alzarse con el triunfo.

Admitiendo que esto sea así −lo cual no deja de ser un tremendo disparate− no es cierto que los objetivos no fueran alcanzados. El referéndum se celebró, se contabilizaron los votos, hubo Declaración Unilateral de Independencia a la vista de los resultados, y, más aún, a partir de ese momento se inauguró una línea de legitimación −siguiendo, según se afirma, el mandato de las urnas− que ha servido para continuar la escalada con el único objeto de subvertir el orden constitucional.

Sede del Tribunal de Schleswig-Holstein./schleswig-holstein.de

Desde todos los ámbitos se escucha la crítica de dejar en manos de los tribunales un asunto que debe resolverse desde el punto de vista político. Esto puede ser consecuencia de una confianza excesiva en los órganos de la jurisdicción para dirimir aspectos que, en algunos casos, trascienden a la mera aplicación de las leyes. Sobre todo, cuando se escuchan valoraciones sobre la gradación de las actitudes violentas interpretadas por los jueces alemanes. En esto se demuestra que no existe unanimidad en torno a la suficiencia de los requerimientos para que una acción sea constitutiva de delito. Ante estos hechos cabe dudar de la conveniencia de asistir como denunciado o como denunciante a la resolución de un conflicto. Sobre todo, cuando el denunciado se presenta como víctima de una administración jupiterina y hay que aplicarle el principio de “in dubio pro reo”.

No se puede fiar todo a la imparcialidad de los magistrados porque se corre el riesgo de que, si una de las partes no manifiesta una actitud de renuncia generosa, Salomón acabará partiendo al niño por la mitad. En este caso, una de las partes demuestra una participación muy activa en el desarrollo de su estrategia, lo cual denota −para un observador imparcial− un mayor interés, mientras que desde el otro lado la solución se deja al albur de los que dictan las sentencias. Está claro que el problema de fondo se seguirá defendiendo, con tribunales o sin ellos, porque cualquier intento de secesión será impedido directamente por la aplicación de los principios constitucionales.

Hay quien piensa que el solo hecho de librar de la prisión a los que han infringido las leyes es un paso adelante para la declaración de la república independiente. En eso están equivocados. Tantas veces como lo vuelvan a intentar, la reacción del estado de derecho será la misma. El ambiente está contaminado, porque una batalla planteada exclusivamente con el ánimo de ampliar un espectro electoral y ganar adeptos para la causa nada tiene que ver con el logro del objetivo. Mientras este no se alcance, según el tribunal de Schleiwig-Holstein, no habrá violencia y los CDR podrán seguir cerrando autopistas a su antojo. El problema está en que unos han elegido el terreno político, donde se mueven como pez en el agua, y los otros confían su suerte a las resoluciones jurídicas, sin darse cuenta de que los dos andan sobre arenas movedizas.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com