Llarena debe girar hacia la sedición

Pablo Llarena es un extraordinario magistrado de nuestro más alto tribunal. Nadie puede negar esta afirmación. Acaba de confirmarlo con una intachable instrucción y un detalladísimo auto de procesamiento en el que se acumularon pruebas difícilmente rebatibles contra el prófugo ex presidente. No obstante la Justicia española acaba de sufrir un durísimo varapalo por la decisión del tribunal regional germano de rechazar en principio su petición de extradición. La decisión de la Audiencia alemana convierte en papel mojado la euroorden que pretendía establecer el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Esto es así, por muchas vueltas que queramos darle. Y hay que significar también que resulta lamentable y de vergüenza la actitud del Gobierno español, representada por las opiniones de Rajoy en Argentina, ante las declaraciones de la ministra de Justicia alemana que en cualquier país serio merecerían un contundente rechazo y descalificación.

Europa tiene que tener muy claro que los nacionalistas catalanes no buscan un mayor grado de autonomía, sino que su objetivo es alcanzar la soberanía, es decir, la escisión de España para fundar un Estado propio. Esto es algo que la Unión Europea no debe y no puede propiciar, si quiere evitar una de las causas de su futuro declive.

En cualquier caso el Tribunal Supremo no piensa arrojar la toalla en este asunto que, en cierta medida, ha conmocionado a gran parte de la opinión pública española. El magistrado Llarena no  aceptará la decisión alemana de no acceder a ejecutar la euroorden en lo que afecta al delito de rebelión por el que ha procesado a Carlos Puigdemont.  Se trata de una decisión provisional de este Tribunal y el proceso de entrega sigue su curso. La Justicia española tiene sobrados instrumentos jurídicos para respaldar la razón de sus actos. Probablemente esperará la decisión definitiva de los jueces alemanes para, antes de aceptar las condiciones de la extradición si ésta se produjera, cuestionar el fallo alemán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando las procedentes aclaraciones que correspondan sobre los procedimientos de entrega entre estados después de que los jueces alemanes entrasen en el fondo del asunto para rechazar la reclamación de España sobre Puigdemont. Todos suponemos y creemos que Europa es un espacio común de colaboración para que los delincuentes no deambulen a sus anchas por el territorio. Precisamente por ello hemos cedido soberanía.

También puede ocurrir que Llarena, el instructor de este  procedimiento, decida ampliar la euroorden al delito de sedición, sin que para ello sea necesario modificar el auto de procesamiento. En definitiva, la sedición es una especie de rebelión atenuada, o rebelión en pequeño, donde se elimina todo lo relacionado con la violencia. Pero es un delito muy grave como veremos a continuación, y, a mi juicio, debería figurar en la euroorden en sustitución del delito de rebelión que es el que está causando los mayores problemas en el espacio europeo.

¿Por qué es tan complicada la apreciación por los juristas, nacionales e internaciones, del delito de rebelión tipificado en el Código Penal español? El propio fiscal José Manuel Maza, ya fallecido, manifestó públicamente en su momento que el delito de rebelión estaba cogido con alfileres.

El magistrado Llarena, del Tribunal Supremo español./rtve.

Probablemente el mejor catedrático de Derecho Penal de España, Enrique Gimbernat, ha analizado en un trabajo titulado ¿Rebelión, sedición o ninguna de las dos?  esta polémica cuestión doctrinal con criterios jurídicos muy fundamentados y certeros. Destaca, entre otras consideraciones, las siguientes: “El art. 472.5ºdel Código Penal dice la siguiente: Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:…5º .- Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.”

Parece entonces que, en efecto, los hechos ocurridos integran un delito de rebelión, en cuanto ha habido un alzamiento público y violento y en cuanto se ha declarado la independencia de Cataluña. Pero esta primera interpretación no puede prevalecer, porque dichos actos violentos  y multitudinarios solo estaba dirigidos a hacer posible el ilegal referéndum del 1-O en el que lo que se les preguntaba a los  votantes era: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?” Pero ese referéndum no supuso todavía una declaración de independencia por lo que no es posible poner ésta en conexión con los actos previos violentos y públicos ejecutados con anterioridad al y durante el 1-O. Cierto que también se ha producido una declaración de independencia, pero ésta se proclamó en una votación inconstitucional sin manifestación alguna violenta.”

En resumen, lo que pone de relieve este insigne penalista, es que no concurre la rebelión de nuestro tipo penal porque, cuando hay alzamiento público y violento, éste se produce, no para declarar la independencia, sino para que se celebre un referéndum ilegal.

Sin embargo, tanto los investigados, como sus “largos brazos” civiles, al acudir a la fuerza para conseguir la celebración de un referéndum prohibido por el TC, ha cumplido con todos los elementos del tipo de sedición previsto y penado en el art. 544CP, que tiene el siguiente tenor: “Son reos del delito de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.”

Tampoco hay duda alguna acerca de que los querellados por la Fiscalía del Estado han cometido también un delito de malversación al destinar una ingente cantidad de fondos públicos para la financiación del referéndum ilegal.

Las penas del delito de sedición oscilan entre los diez y quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. Lo que ocurre en nuestro país es que, cuando coinciden el delito de rebelión y sedición, que son delitos de convergencia, debe estimarse y perseguirse solamente el de rebelión, por ser ley especial y más grave que absorbe al de sedición.

Sin embargo el magistrado Llarena, en mi modesta opinión, debe ampliar la euroorden, como queda dicho, al delito de sedición sin necesidad de formalmente renunciar a la rebelión. Es un delito muy grave que no plantea los problemas que está generando el delito de rebelión.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com