¿Por qué dice Montoro lo que dijo y a quién conviene que lo dijera?

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, izquierda, y el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

En política las prioridades están por encima de los deseos. Cuando esto no es así se comete un grave error que acaba pagándose en las urnas. Hay noticias que dejan perplejos a los ciudadanos porque significan que las cosas no ocurren cómo ellos creían, sino que aparentemente se salen del guion con la única intención de que lo prioritario se anteponga a lo que todos esperaban que iba pasar. Uno de estos casos lo ha provocado la sorprendente declaración del ministro Montoro −secundada por el portavoz del Gobierno y por el propio presidente− de que no se utilizó ni un solo euro de dinero público en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Si él lo dice deberá ser verdad, a pesar de que los informes de la Guardia Civil digan lo contrario. O quizá ambas cosas sean ciertas aplicando a cada una de ellas los matices oportunos. En principio lo que parece es que una afirmación excluye a la otra; pero hay que preguntarse algo más: ¿por qué lo dice y a quién conviene que lo diga? En otras palabras: ¿qué es lo prioritario en este caso?

La situación catalana está medianamente controlada contando con las garantías que otorga el Tribunal Constitucional al suspender todos aquellos actos que vayan en contra del ordenamiento jurídico. Luego los jueces aplicarán sus códigos para castigar a quienes desobedezcan sus resoluciones. El proceso judicial seguido contra los dirigentes independentistas catalanes ha servido para meterles el miedo en el cuerpo y para dividirlos, a pesar de que algunos sigan creyendo que con eso aumentan el victimismo y, por tanto, harán crecer a su electorado. Todos los detenidos han expresado, de una o de otra manera, que solo se trataba de un simbolismo y que no se les ocurriría repetirlo. Si lo hacen se les volverá a aplicar la ley y ya está. La lucha se plantea ahora en el pulso que mantienen con el magistrado del Tribunal Supremo para investir a un presidente y acabar de una vez con el 155.

¿Qué es lo que conviene al Gobierno? Normalizar la situación, aprobar los presupuestos y dejar sentado que en España existe realmente división de poderes y el Estado no ha interferido en la acción de los jueces, aunque para eso ahora tenga que dejar con el culo al aire al magistrado Llarena.

En un momento en el que el FMI hace una estimación al alza del crecimiento para este año; en el que se pretende paliar el malestar social de los pensionistas prometiendo un aumento del 3%; en el que se está a punto de pactar una financiación autonómica que satisfaga a las comunidades; y en el que se contemplan expectativas reales de disminución del desempleo; lo prioritario para el Gobierno del PP es cumplir con estos objetivos de legislatura en los que Cataluña estorba como si fuera un grano en salva seas la parte. Lo que conviene es olvidarse de Puigdemont, de los jueces alemanes y de las negativas a que sean investidos aquellos candidatos que el independentismo está dispuesto a proponer. El caso se diluye como un azucarillo en un vaso de agua y todo volverá a la calma después de la tormenta. Esto es lo práctico y, aunque no coincida con el deseo de las masas ansiosas de venganza, es lo que hay que hacer.

Con Cifuentes pasará igual: la dejarán caer procurando que ese sacrificio recaiga sobre la responsabilidad de Ciudadanos. Es lo que toca. No van a entregar Madrid por salvar a una presidenta. Como dice Nicolás Guillén: “El soldado es lo de menos, que más soldados tenemos”. En fin, son las cosas habituales de la política que los habitantes de a pie nunca entenderán. ¿O sí?

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com