La manada del populismo justiciero

En plena algarabía de indignación nacional, con reflejo en nuestra propia isla, por la sentencia de “La Manada”, vuelven a mi memoria aquellos años en que, impartiendo clases de Derecho Penal en la Universidad de La Laguna, procuraba explicar a los alumnos los delitos contra la libertad sexual y las diferencias entre el abuso y la agresión sexual que en algunos supuestos no va más allá de una tenue línea de separación.

Lo cierto es que la tipificación de los delitos sexuales data del Codigo Penal de 1995, en la época de Felipe Gonzalez como presidente. La última reforma del Código Penal que tuvo lugar en 2015 modificó determinados delitos contra la libertad sexual. Entre otras cuestiones, la edad mínima de consentimiento (16 años), agravó las penas para los delitos de abuso sexual, explotación de menores y pornografía infantil y tipificó como delito la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima pero divulgadas sin su conocimiento.

Sin embargo, en virtud del principio de “intervención mínima del Derecho Penal” éste, en los delitos contra la libertad sexual,  solo intervenía en dos supuestos: cuando existían menores o no había consentimiento. No importaba que entre adultos se practicasen todo tipo de actos sexuales, incluso aberrantes. En el tiempo en que vivimos se niega que existan actos sexuales depravados en sí mismos.

Yo no diré, hasta que se resuelvan los recursos, que la Audiencia de Navarra ha dictado una sentencia ejemplar. Sí afirmo desde este momento que los magistrados han sabido abstraerse a la enorme y sofocante presión ejercida para que dictaran una sentencia ejemplarizante. Se han pronunciado a contracorriente del estado emocional más extendido. Ejemplarizante significa, en términos jurídicos, y en el contexto de juicios paralelos en que vivimos, un veredicto más severo que el que realmente se correspondería con los hechos enjuiciados.

Las miles de personas que han salido a las calles en toda España, ejerciendo una presión callejera y tumultuaria sobre un tribunal en el momento de dictar sentencia, es uno de los mayores ataques que se pueden perpetrar contra la Administración de Justicia, mucho más en un entorno ciudadano dominado por las redes sociales. Los periodistas que informan de temas jurídicos escriben verdaderos disparates, muchas veces porque buscan titulares donde solo hay conceptos técnico jurídicos. Sus opiniones son creencias, ideas, convencimientos si se quiere, pero sólo de naturaleza individual, profana, de legos. Y la justicia, para serlo, requiere otra clase de criterios. El de los profesionales en que la sociedad delega para examinar los hechos a la luz de las leyes con una competencia específica adquirida mediante el estudio, la experiencia y el conocimiento.

Los tres magistrados de Pamplona, antes de fallar, han visto y oído. Han leído informes, calibrado pruebas, interrogado a acusados, víctima y testigos. Han visualizado un degradante video. Después se han tomado cinco meses para deliberar, desterrando todo lo impulsivo. Y al final, conscientes de una presión ambiental cargada de prejuicios, de la existencia de un determinado clima social e incluso político, han emitido una resolución de más de trescientos folios.

Es triste observar cómo la concreta aplicación de una ciencia que requiere años de estudio y experiencia es cuestionada en minutos por quienes ni tan siquiera se han tomado la molestia de leer la resolución. El “linchamiento” mediático de unos magistrados que han decidido en conciencia, después de un profundo conocimiento de los hechos, hace un flaco favor a la convivencia democrática.

Estos son los prendas de La Manada. Hay más manadas./rtve.

Hace bien el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General, Carlos Lesmes, en criticar las descalificaciones de responsables públicos ya que, según manifiesta, “se compromete gravemente la confianza en el sistema judicial.” El populismo en la Justicia destruye los propios cimientos en la que se sustenta.

La sentencia argumenta que “con arreglo a la doctrina jurisprudencial (para que haya violencia como elemento del tipo de agresión sexual) es precisa una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes, empujones, desgarros; es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual” y, por lo que respecta a la amenaza grave dice que “no hubo amenaza ni el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil para poder hablar de una intimidación que derivara en un consentimiento forzado. Lo que hubo fue una situación de preeminencia sobre la joven, “presionada por tal situación.”

La realidad es que la distinción entre la intimidación y la coerción mediante prevalimiento ha planteado siempre serios esfuerzos a los juristas, mientras algunos indocumentados parecen haber alcanzado la solución es escasos minutos, justificando así los desmesurados y furibundos ataques a los jueces.

Luego aparece la sangrante cuestión de la proporcionalidad de las penas. ¿Es acaso una condena de nueve años de prisión una pena leve para el supuesto enjuiciado? El tipo penal más grave, la agresión sexual, cuando consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, conlleva una pena de seis a doce años de prisión, y el segundo tipo penal, el de abuso utilizado en la sentencia, de cuatro a diez años.

Lo anterior significa que estamos en presencia de marcos legales muy similares que ponen de relieve la proximidad de ambos ataques al bien jurídico protegido, la libertad sexual.

La distinción entre la intimidación y la coerción por prevalimiento de una situación de superioridad manifiesta no es fácil, requiere un análisis caso a caso y eso es precisamente lo que se ha hecho.

En todo esto, como siempre, la izquierda española aparece haciendo gala de su doble rasero moral y judicial a la hora de cualificar la violencia. ¡Qué casualidad¡ Los mismos sectores de la izquierda que, ante la implantación de la Prisión Permanente Revisable, acusaron al Gobierno de “legislar en caliente” y pusieron en duda la legitimidad de las víctimas para oponerse a su derogación, se han apresurado a reclamar, igualmente “en caliente”, una reforma del Código Penal que clarifique las circunstancias exigibles para la tipificación del delito de agresión sexual.

Al “Coletas” podemita, lleno de “vergüenza y asco” por los nueve años de condena a los miembros de la “Manada”, le han parecido pocos años de cárcel.  Sin embargo, la petición fiscal a los matones de Alsasua le parecían muchísimos años. Y así se marchó con su pandilla a esa manifestación de apoyo a los terroristas, a esa otra manada, exigiendo su vuelta a casa. Eso sí que da asco.

Ángel Isidro Guimerá Gil es ex profesor de Derecho Penal y abogado en ejercicio.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com