La sociedad no cabe, entera, en una sentencia

Me sumo a los que hablan de este asunto. No me podía escapar. He estado pensado estos días como eludirlo. Pero mi condición de padre, hijo, hermano, esposo, abogado, critico, opinante y, como no, la de hombre, no me deja eludirla, en conciencia. Me toca, ahora que escribo estas letras, hacer un balance del antes y un después de esta resolución.

En toda resolución que pone fin a un proceso hay aspectos positivos y negativos. Los primeros son claramente predominantes. Los segundos, en este caso, se han fagocitado a los primeros.​

La fragilidad del sistema se ha hecho evidente con esta resolución. Fragilidad  que  se percibe en la aparición de los movimientos que surgen.  Y lo peor es el fuego amigo. Es  alarmante que  el notario mayor del Reino – ministro de Justicia– enjuicie con tanta ligereza a uno de los magistrados que intervinieron en la resolución, dando un arponazo al tercer poder del estado, el Judicial.

Al menos, este ministro ha conseguido poner de acuerdo a todas las asociaciones de jueces. Y en este caso para pedir su dimisión. Yo me sumo.

No me es cómodo palpar la intromisión de un poder del estado en otro. Hasta donde yo se, son independientes.

Sobre la resolución – la sentencia–  yo la he leído. Asumo que lo hice la misma noche que se publicó; me costo terminar pero la leí.

Dejé espacio para sedimentar algunas letras que allí aparecían. Dos días después volví  a leerla. Pero lo que es seguro que, de lo que hay dentro,  yo no opinaré.

Opine  lo que opine estaría equivocado de cara a la inteligencia colectiva que ha surgido.

Además,  nunca lo hago. Si no estoy conforme con la resolución final, uso la vía de los recursos y es ahí donde muestro el descontento y solicito a una instancia superior que revise nuevamente el caso. Para eso están los recursos y la segunda instancia, y, a veces, hasta la tercera. Pero la presión colectiva no es una instancia y no debe dictar las sentencias.

Confío plenamente en las instituciones, aunque he vivido en mis propias carnes  que cada juez y fiscal es de su madre y de su padre; pero creo en la independencia y los  pilares que sustentan el poder judicial. Independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la Ley.  De lo contrario no podría seguir poniéndome la toga.

Aquí hemos pasado de presunción de inocencia a presunción de veracidad y de esto último hay que huir, al igual que legislar en caliente.

El ministro Catalá, mejor, callado./Twitter.

El delito de violación estaba perfectamente claro en el antiguo Código Penal y fue la Ley Orgánica del 1995 la que introdujo  la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual ya que  pretendía adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido: la libertad sexual de todos.  Y desterraba de la norma el tipo penal que protegía la honestidad de la mujer. Ya creo recordar que en el 89 se había modificado el rótulo del Título IX, abandonando la vieja concepción de delitos contra la honestidad. Esta manía de usar eufemismos, para adaptarlos a lo políticamente correcto, hizo que se pasara de violación a abusos y agresiones sexuales.

Por lo que entiendo que no son los jueces los que fallan, pues lo que hacen es aplicar la norma que se les pone delante,  en este caso el Código Penal, y vincularla con las pruebas. Normas que, no hay que olvidar que  emanan del pueblo.

Conviene recordar que los legisladores son puestos ahí por nosotros mismos. Usando el sistema electoral que hoy tenemos, hoy no existen oposiciones para optar a una plaza de diputado. Y es ese el poder legislativo –donde están los diputados y senadores–  el que hace las leyes que debe interpretar un juez.

No cabe duda de que hoy los jueces son menos independientes. La represión padecida en estos últimos días entiendo que  no deben desdibujar un trabajo que se culminó con la estructura actual derivada de laLey Orgánica del Poder Judicial.

Lo que he palpado estos días es que las y las condenas, se tendrán que someter a referéndum.

Y por último copio un párrafo – con su permiso-  de lo que escribió en una red social mi querido José M Lora, viendo como las opiniones fluían sin control, dictando:

“Violación ha habido, y el tribunal no ha dicho lo contrario. Lo que ocurre es que el delito de violación, como tal tipo penal, no está así considerado desde la reforma del Código Penal de 1990.”

 

(*) Juan Inurria es abogado en ejercicio.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com